Ley General de Aguas es privatizadora y represiva: Alejandra Soriano

La Ley General de Aguas pretende reducir la cantidad de agua a la que cada habitante tendrá acceso, dejándola en 50 litros diarios por habitante, además busca vender el agua de los chiapanecos entregándolas en manos de las grandes empresas nacionales y extranjeras.

AguaPor tales razones, Alejandra Soriano, diputada local del Congreso del Estado se manifestó en contra de esa ley que ha sido elaborada por el gobierno federal para dar respuesta a las necesidades de las grandes empresas nacionales y extranjeras.

De esta manera, el agua se volvería un objeto de lucro, contrariando así al derecho humano que todos tenemos al acceso al agua y saneamiento.

Es importante destacar que a pesar de que nuestro país posee una gran cantidad de agua, mantiene uno de los índices de acceso al agua más bajos de todos los tiempos y de América latina.

Lo anterior equivale a 5 mil metros cúbicos de agua por habitante al año, un retroceso en comparación con los 31 mil metros cúbicos a los que se tenía acceso a principio del siglo pasado.

Alejandra Soriano, agregó que el incluir en la Ley General de Aguas mecanismos como los trasvases, sólo reafirma que la iniciativa privada siga asegurando el abastecimiento de agua para usarla como fuente de enriquecimiento en detrimento de los ecosistemas, comunidades y ciudadanos de escasos recursos.

“Con estos trasvases se pretende que toda el agua de las cuencas a través de sistemas desemboque en otras zonas, comercializando, lucrando y negociando con este vital líquido, Chiapas es rico en materia de agua, pero con esta Ley se pretende llevar el agua que es de los chiapanecos a otras partes enriqueciendo los bolsillos de las grandes empresas nacionales y extranjeras”, denunció.

Por todas estas irregularidades, Alejandra Soriano reafirmó su compromiso con las y los chiapanecos, así como con la Asociación Civil Chiapanecos en Defensa del Agua, gracias a quienes fue posible parar esta iniciativa y exigió a las y los diputados federales no aprobar en el pleno de la Cámara de Diputados la Ley General de Aguas.

Impulsan en Chiapas la iniciativa #FueraElFuero

El fuero nació como una protección a la libertad de expresión de legisladores y jueces pero se ha pervertido su verdadero propósito y ahora permite a unos pocos pasar por encima de la ley sin consecuencias ni castigo, por esta razón nació el proyecto #FueraElFuero impulsado por el Senador por Chiapas Zoé Robledo.

Fuera el fueroEsta iniciativa pretende quitarles el fuero a todos los diputados y se busca que los 108 candidatos a diputados federales lo firmen y se comprometan a proponerlo de llegar a la Cámara de Diputados. La primera en firmarlo fue Alejandra Soriano Ruíz, quien es candidata del PRD a la diputación federal por el Distrito IX con sede en Tuxtla Gutiérrez.

En un acto celebrado en el Museo del Café de la capital chiapaneca, Zoé Robledo explicó de que se trata #FueraElFuero y junto con Soriano Ruíz firmaron el acuerdo en el que se comprometen a defender esta propuesta en la tribuna más alta del país y en todos los espacios legislativos.

Asimismo, se comprometieron a votar a favor de desaforar a las y los representantes populares y de elección popular, así como a convocar a todas y todos los legisladores chiapanecos, sin importar  el partido, a sumarse a esta iniciativa.

Y es que actualmente la confianza ciudadana en los políticos es la más baja en las últimas décadas, por lo que es necesario recuperarla a través de acciones decididas y de compromiso claros frente a la sociedad, sin titubeos ni medias tintas, señalaron.

“Si un candidato te pide su voto, pídele que te muestre su 3 de 3, su declaración patrimonial, de intereses y de pago de impuestos, yo ya demostré que aun con fuero se puede y se debe ser transparente, el fuero no debe ser la inmunidad para la inmunidad”, dijo Alejandra Soriano en su participación.

La perredista también mencinó que desde el Congreso del Estado al ser votada la Ley Anticorrupción se pronunció a favor de que se les quitara el fuero a los funcionarios públicos y representantes populares, a fin de que el Sistema Nacional Anticorrupción verdaderamente diera respuesta a la exigencia y demandas de la ciudadanía, sin que la respuesta fuera favorable.