Cuando fue secretario del ayuntamiento municipal de Tuxtla Gutiérrez (siendo alcalde Yassir Vázquez y gobernador del estado Juan Sabines Guerrero), Emilio Salazar Farías fue beneficiado con cuatro permisos para instalar gasolineras en la capital chiapaneca. Tres años después, y en plena campaña por una diputación federal, fue demandado penalmente por abuso de autoridad, abuso de funciones y tráfico de influencias.
Esos son los delitos que el activista Henry Ruiz Alegría le imputó al candidato a la diputación federal por el Distrito IX, abanderado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), en su denuncia presentada ante la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos Relacionados con Servidores Públicos.
Emilio Salazar, actual diputado local por el PVEM, fue secretario municipal de Tuxtla Gutiérrez en el periodo comprendido del 01 de enero de 2011 al 23 de marzo de 2012, y los cuatro dictámenes de factibilidad de uso de suelo para el servicio de gasolinera le fueron otorgados el 06 de enero de 2012, teniendo como base el acuerdo de cabildo con memorándum número SG/713/2011 de fecha 31 de diciembre del año 2011, el cual presumiblemente él firmó.
En su calidad de secretario el denunciado asistió y participó directamente en la celebración de dicha sesión de cabildo, “lo que demuestra un conflicto de intereses, pues en su calidad de funcionario de primer nivel se encontraba impedido para beneficiarse de un interés propio y comercial”, mencionó el denunciante en su querella.
Aunque a su favor, Emilio Salazar señaló en rueda de prensa al inicio de su campaña a diputado federal que el ayuntamiento municipal sólo autoriza uso de suelo y quien da los permisos para expendio de gasolina es Petróleos Mexicanos, los dictámenes de factibilidad que avaló son fundamentales para iniciar los trabajos de construcción de las gasolineras.
“Estando en funciones en el cabildo, como superior de quien autoriza, fue beneficiado con cuatro permisos el mismo día. Él ocupa un puesto de superior de quien certifica, de quien avala, desde luego que es tráfico de influencias. Es aprovechar el puesto para beneficiarse”, dijo para Henry Ruíz Alegría para Todo Chiapas.
Los mismos dictámenes que forman parte de las pruebas presentadas en la demanda, señalan que las gasolineras se encuentran localizadas en los siguientes domicilios de la capital: primera avenida sur poniente número 956, colonia Terán; calle 20 de noviembre, número 131, colonia San José; libramiento sur oriente, número 1538, colonia CRD; y libramiento sur oriente con calzada Emiliano Zapata, número 1389, colonia Loma Bonita.
Cabe señalar que el delito de abuso de autoridad lo cometen los servidores públicos que incurran en alguna de las conductas que establece el artículo 432 del Código Penal vigente en el estado, por ejemplo: otorgar por sí mismo por un prestanombres o tercera persona, contratos, concesiones, permisos, licencias, autorizaciones o franquicias que produzca beneficios económicos o de otro tipo al propio servidor público, a su cónyuge o parientes.
Después de presentada la denuncia se espera que se realicen las diligencias ministeriales procedentes para la debida integración de la averiguación previa y posteriormente ejercer acción penal en contra de quien o quienes resulten responsables.
