Para exigir justicia por la muerte de la niña Kimberly Isabela Albores Ramírez, suscitada el pasado 27 de febrero del presente año en la estancia infantil “Pasitos de Colores” en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, familiares y ciudadanía marcharon en la capital chiapaneca, mientras que en San Cristóbal de las Casas diversas organizaciones no gubernamentales firmaron un documento para pedir que se realice una investigación exhaustiva del caso.
Vestidos de blanco y portando globos del mismo color, los manifestantes exigieron que la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) asuma su responsabilidad, ya que es la dependencia de gobierno que otorga los permisos para que laboren estos centros.
Por su parte, las organizaciones Melel Xojobal, Red por los Derechos de la Infancia y Adolescencia en Chiapas (REDIAS), Desarrollo Educativo Sueniños, Chantiik Taj Tajinkutik , Skolta´el Yu´un Jlumaltic y la Campaña Popular Contra la Violencia hacia las mujeres y el Feminicidio en Chiapas, señalaron que después de encontrada sin vida la niña de 1 año 10 meses, la guardería a la que asistían 19 niñas y niños no está operando.
“Demandamos a las autoridades correspondientes: Realicen una investigación exhaustiva e imparcial sobre los hechos ocurridos y establezcan medidas prontas y expeditas en contra de las personas responsables”, señalan en la misiva.
Cabe señalar que a pesar de que la necropsia practicada por la Dirección General de Servicios Periciales, que dictaminó el ahorcamiento como causa del deceso, Ernesto Hernández Ruiz, juez tercero del ramo penal de delitos graves, al reclasificar el delito doloso como homicidio culposo, considerado no grave, posibilitó que las acusadas del asesinato obtuvieran su libertad, sin pagar fianza, la madrugada del domingo 8 de marzo.
Según se establece en la averiguación previa 44/CAJ16-1/2015, la causa del deceso fue “asfixia mecánica por ahorcamiento”, además de presentar dos lesiones en la cabeza. Por tal motivo, en primera instancia, se consignó al penal de El Amate a la maestra Citlali Anahí Díaz de la Cruz, como presunta autora material, y a Yuridia Vinicia Sarmiento Sánchez, responsable de la guardería, como cómplice del asesinato de Kimberly.
El abogado de la familia de Kimberly, Ignacio Sol Ramos, sostiene que el juez no actuó conforme a derecho, a pesar de que dictó auto de formal prisión el 7 de marzo, resolviendo que la muerte de la niña fue resultado de un accidente.
“Actualmente la familia de Kimberly está apelando la resolución para que el Tribunal Superior de Justicia del Estado tome en cuenta el dictamen del médico legista, y la respuesta está en proceso. Si se sostiene que el delito es considerado no grave se reducen considerablemente las posibilidades de acceder a la justicia y el homicidio de la niña quedará impune”, mencionaron las organizaciones.
