- Ofrecimiento de proyectos por parte de empresas mineras es una ofensa a la dignidad como pueblos.
La presencia de empleados mineros en las comunidades de Cuatro Caminos, Huanacastle y Loma Bonita, en el municipio de Chicomuselo, es una provocación para las comunidades y puede ocasionar un conflicto mayor, así lo alertó en un comunicado el Comité para la Promoción y Defensa de la Vida “Samuel Ruiz García”.
Este Comité de Derechos Humanos relata que el pasado viernes 9 de agosto, a bordo de una camioneta color blanco, marca Mitsubishi, se presentaron alrededor de las 6:00 horas, el ingeniero Jesús Sosa Bejarano de la empresa Montecristo 144, del Grupo Industrial S.A. de C.V., el profesor Francisco Aguilar Gordillo y Adolfo Pérez Ramírez.
Éstas personas se entrevistaron con el Presidente del Consejo de Vigilancia “y fue cuando muchos pobladores al ver a las personas extrañas a su comunidad se acercaron y pudieron escuchar que la presencia de estas personas era con la finalidad de explorar recursos minerales que se encuentran en el subsuelo de su comunidad”.
Los mineros llegaron a ofrecer proyectos de obra social como carreteras y clínicas, además, se comprometían a no contaminar el medio ambiente, esto provocó la inconformidad de los pobladores quienes conocen de la problemática que ocasionó en años anterior la actividad minera en el ejido Grecia del mismo municipio.
De esta manera, los visitantes fueron obligados a firmar un documento en el que se comprometieron a no regresar a esas comunidades; cabe destacar que desde el 14 de mayo del año 2009 estos poblados acordaron por mayoría de votos, no permitir la entrada de empresas mineras.
La insistencia de empresarios mineros por continuar con la explotación del mineral conocido como barita ha sido denunciada por diversas asociaciones civiles y organizaciones no gubernamentales ya que pone en riesgo permanente la estabilidad de los habitantes de distintos ejidos y comunidades del municipio.
Desde diciembre de 
2009, cuando fue clausurada la mina en el ejido Grecia a cargo de la empresa canadiense Blackfire, diversas empresas han insistido en que se reabra la actividad en dicho lugar.
Encarnación Pérez Ramírez, Comisariado Ejidal de esa población, dijo en entrevista con el Comité para la Promoción y Defensa de la Vida “Samuel Ruiz García” que la mayoría de ejidatarios se han negado a aceptar las propuestas de los mineros debido a que las anteriores empresas no cumplieron con lo convenido.
A eso se le suma que se han dado cuenta de los daños que ocasionaron al medio ambiente y a las localidades vecinas al lugar, además de esto, sigue impune el asesinato de Mariano Abarca Roblero, principal opositor a la actividad minera en Chicomuselo.
Recientemente, han llegado a la comunidad dos empresas, la primera ofreció el proyecto de energía eléctrica para el barrio San Ramón que pertenece al ejido Grecia, con una inversión de dos millones 300 mil pesos, a cambio de eso, se explotarían 5 mil toneladas de barita.
Pero lo que alertó a los pobladores de esa comunidad fue la visita de la empresa identificada como OTRACH (Organización de Transportistas del Estado de Chiapas) representado por Eduardo Montoya Liévano, ya que se presentaron con una actitud de prepotencia y mencionaron que el dueño de esa concesión es Fernando Coello Pedrero, abuelo del gobernador Manuel Velasco Coello, quien hasta la fecha, mencionaron, tiene 19 concesiones en el estado para la extracción de minerales.
“No vengo a pedir permiso porque ya lo tengo” dijo en esa ocasión Montoya Liévano y les advirtió que se preparen porque llegará Coello Pedrero con el gobernador en helicóptero a darle las gracias al ejido.
Cabe destacar que, según el Comisariado Ejidal, desde que la población se opuso a las actividades mineras, les cerraron las puertas en todas las dependencias de gobierno, por ejemplo: el barrio San Ramón lleva 20 años sin energía eléctrica y desde hace 16 años han venido solicitando este servicio sin que hasta la fecha les hagan caso.
El Comité para la Promoción y Defensa de la Vida “Samuel Ruiz García”, pide revisar el procedimiento en la expedición de licencias para la exploración y explotación de los recursos minerales, toda vez que las comunidades afectadas no han sido consultadas sobre estos proyectos, ni se les ha informado sobre los impactos que estos representan.
